Habla en Todelar radio y en la televisión con una naturalidad que desarma, como si estuviera improvisando, aunque cada frase suya deje la sensación de haber sido pensada demasiado tiempo. En su voz hay ironía, ternura y una lucidez que incomoda; a veces parece bromear, pero el país entero intuye que está diciendo algo más serio de lo que aparenta. En algún punto del día, entre estudios de grabación y calles húmedas, tararea con una calma extraña aquella idea de “querer morir de manera singular”, como si incluso la muerte en Colombia tuviera formas repetidas y él intentará sabotearlas con humor.
A la misma distancia simbólica, en otra geografía del presente, Abelardo de la Espriella un político rodeado de seguridad habita una finca extensa donde el poder se ensaya como espectáculo privado. Levanta un vaso de whisky, dispara al aire sin un objetivo claro, y entre risas duras habla de gobernar un país que parece siempre en disputa consigo mismo. El sonido de los disparos no ordena nada, solo multiplica el eco de una autoridad que se representa más de lo que se ejerce.
Entre ambos mundos simultáneos, Colombia ocurre como una escena dividida: Garzón desmonta el poder con palabras que parecen chistes pero funcionan como bisturí, mientras el poder se afirma en gestos que confunden gobernar con escenificar. La realidad queda suspendida entre la risa y el estruendo, como si el país entero no supiera aún si está escuchando una comedia crítica o asistiendo a una tragedia que insiste en disfrazarse del defensor de la patria.
Y ese defensor es Abelardo de la Espriella, una de las figuras más polarizantes de la política colombiana contemporánea y uno de los nombres que ha ganado mayor visibilidad en la carrera presidencial de 2026. Abogado penalista de alto perfil y comunicador político de estilo confrontacional, ha construido su proyección pública sobre un discurso de orden, autoridad y ruptura con la clase política tradicional.
Su ascenso ha estado acompañado de una fuerte presencia mediática y de controversias relacionadas con su uso recurrente de acciones judiciales en disputas públicas con ataques a periodistas, lo que lo ha situado en el centro del debate sobre los límites entre poder, la ética, los tribunales y libertad de prensa en Colombia.
Abelardo de la Espriella ha ganado protagonismo en reportes de organizaciones de libertad de prensa y en investigaciones periodísticas principalmente en relación con múltiples acciones judiciales interpuestas contra periodistas, columnistas y medios de comunicación, incluyendo demandas civiles, tutelas y procesos penales en distintas jurisdicciones del país, una práctica que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y abogados especializados han descrito como posible uso sistemático del litigio estratégico contra la participación pública (SLAPP), orientado a generar efectos de presión, desgaste e inhibición sobre el periodismo de investigación.
En Colombia, investigar el poder no es únicamente un ejercicio profesional: es una decisión que se mueve entre el riesgo judicial, la presión económica y la exposición personal. En ese equilibrio inestable, cada publicación se convierte en un acto de afirmación democrática, pero también en una forma de vulnerabilidad.
Y en ese espacio ambiguo —entre la palabra y sus consecuencias— se define hoy una de las tensiones más profundas del periodismo contemporáneo en el país.
En Colombia, una serie de procesos judiciales, solicitudes de sanciones económicas y controversias persistentes en torno a la liquidación del caso DMG han terminado por configurar un escenario de creciente tensión entre el poder judicial, actores políticos y el periodismo de investigación. Organizaciones de libertad de prensa han advertido que este conjunto de hechos podría estar delineando un patrón de presión sistemática sobre reporteros que investigan redes de poder, patrimonio y estruturas financieras de alto impacto público.
A estas alertas se suman preocupaciones crecientes sobre la seguridad de los periodistas involucrados en estas investigaciones, en un contexto donde la exposición pública de estos temas ha tenido consecuencias legales, económicas y personales.
Un patrón de judicialización del periodismo
Durante los últimos dos años, mientras he vivido en el exilio en Francia he enfrentado múltiples acciones legales promovidas por el hoy candidato presidencial de ultra derecha Abelardo de la Espriella, figura pública que ha sido mencionada como uno de los nombres con mayor proyección en escenarios políticos recientes en Colombia pero que encarna la polìtica traqueta y revive los tiempos de Pablo Escobar.
De acuerdo con información publicada por la revista Vorágine, estas acciones de las cuales no solo yo soy víctima sino mis colegas que luchan por la libertad de expresiòn en Colombia, incluyen demandas civiles, tutelas y procesos penales radicados en diferentes jurisdicciones, entre ellas el Juzgado 035 de causas y competencia Múltiple de Barranquilla, además de actuaciones en Bogotá y otras ciudades del país, Abelardo no solo ha utilizado toda su artillería contra mi, lo ha hecho contra los medios alternativos donde colaboro como el Tercer Canal y Pluralidad Z.
El periodista Julián Martínez Vallejo, quien también ha sido vinculado a procesos similares, sostiene que este conjunto de acciones no debe interpretarse de forma aislada:
“Esto no es un caso aislado. Es una estrategia sistemática de desgaste judicial, intimidación y advertencia a quienes investigan la esfera de poder de figuras con aspiraciones políticas”.
Entre 2023 y 2024, se registran también procesos similares contra periodistas como Camila Zuluaga y Melquisedec Torres, lo que, según juristas especializados en libertad de expresión, podría encajar dentro de las denominadas SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation): litigios usados como herramienta de presión contra el ejercicio periodístico.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha seguido estos casos y ha señalado que la acumulación de demandas, tutelas y solicitudes de sanciones económicas puede generar un efecto inhibidor sobre el periodismo de investigación, particularmente en asuntos de alto interés público.
Sin embargo, para organizaciones defensoras de la libertad de prensa, la dispersión territorial de los procesos y su reiteración en el tiempo pueden producir un efecto disuasorio que excede el ámbito estrictamente jurídico.
La abogada Ana María Rodríguez lo resume así: “La multiplicidad de demandas no busca necesariamente una decisión judicial, sino generar un entorno de inhibición para la investigación periodística”.
El eje central de estas investigaciones es el caso DMG, la pirámide financiera de David Murcia Guzmán, colapsada en 2008 y que dejó miles de víctimas en Colombia y un caso en el cual según David Murcia, el candidato Abelardo se quedó con miles de millones de las víctimas, es decir, se los robo.
Diversas investigaciones periodísticas han examinado la liquidación del emporio, el destino de sus activos y los beneficios derivados de asesorías jurídicas asociadas al proceso. En ese contexto, el nombre de Abelardo de la Espriella ha sido mencionado en reportes de prensa relacionados con estos procedimientos, sin que exista condena judicial en su contra por estos hechos.
El periodista Ignacio Gómez Gómez plantea el núcleo del debate:
“La discusión no gira en torno a condenas penales, que no existen, sino a la transparencia sobre posibles vínculos económicos alrededor de uno de los casos financieros más sensibles del país”.
El papel de la liquidadora y las tensiones institucionales
La figura de María Mercedes Perry, liquidadora del caso DMG, ha sido objeto de controversia en el ámbito judicial y mediático. En distintos procesos, ha solicitado sanciones económicas contra periodistas que investigan el desarrollo de la liquidación.
Uno de estos casos incluyó la solicitud de una multa de 20 millones de pesos contra Daniel Mejía Lozano por un informe sobre presuntas irregularidades en el proceso.
Durante una audiencia de conciliación, un episodio registrado por asistentes evidenció una confusión institucional cuando Perry se refirió a un fiscal como “juez”, siendo corregida en el acto.
El analista Carlos Muñoz interpreta estos hechos como parte de un clima más amplio:
“Cuando las sanciones económicas se utilizan en contra de periodistas que investigan posibles irregularidades, el efecto no es solo jurídico, sino también disuasorio”.
Reportes periodísticos también han señalado antecedentes judiciales relacionados con la gestión de activos vinculados al caso DMG, lo que ha intensificado el debate sobre la administración del patrimonio del proceso.
Tutelas y traslado del debate público a los tribunales
En octubre de 2024, se interpuso una acción de tutela contra periodistas que habían publicado investigaciones sobre el caso DMG y otros nombres vinculados a estructuras financieras y políticas.
El periodista Alfredo Serrano Zabala, uno de los demandados, afirmó:
“Esto es un intento de trasladar el debate público al escenario judicial. Investigar deja de ser un derecho y se convierte en un riesgo”.
Juristas consultados señalan que este tipo de acciones desplaza la discusión desde el espacio público hacia los tribunales, con efectos directos sobre la libertad de expresión.
Judicialización, poder y libertad de prensa
Lo que enfrentan los periodistas involucrados en estas investigaciones no aparece como un caso aislado, sino como una secuencia de acciones legales reiteradas en torno a temas de dinero, poder y estructuras opacas.
Diversos expertos advierten que este patrón puede interpretarse como una forma contemporánea de censura indirecta, donde el sistema judicial se convierte en escenario de presión más que de resolución de conflictos.
La abogada Ana María Rodríguez lo sintetiza así:
“Cuando actores con poder político o económico recurren sistemáticamente a los tribunales contra periodistas, lo que está en juego no es solo la reputación individual, sino el derecho colectivo a la información”.
Riesgos para la seguridad del periodista
En paralelo, yo he tenido que soportar incluso amenazas estando en Francia y persecución de sus mercenarios en el marco de sus investigaciones.
Organizaciones de libertad de prensa han solicitado medidas de protección ante lo que consideran escenarios de riesgo creíble.
La representante de una ONG en Bogotá, María Fernanda Caballero, advierte:
“El periodismo de investigación sobre dinero y corrupción en Colombia sigue siendo una de las actividades más expuestas a riesgos reales”.
A ello se suma el contexto más amplio de vulnerabilidad de los reporteros que investigan estructuras de poder, donde las amenazas no siempre son explícitas, pero sí persistentes.
El desafío democrático
El conjunto de estos elementos —procesos judiciales, liquidación de DMG, sanciones económicas solicitadas, tutelas reiteradas y alertas de seguridad— ha terminado por configurar un debate más amplio sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia.
Para analistas del derecho, el punto de fondo no es únicamente jurídico, sino democrático.
“Cuando la justicia se utiliza para silenciar en lugar de esclarecer, el impacto es sistémico”, advierte Ana María Rodríguez.
En ese sentido, el periodismo de investigación se sitúa en una zona de tensión permanente entre el deber de informar y el costo de hacerlo.