Sandro Néstor Condía Pérez: el liderazgo que conecta territorio, energía y democracia

Hoy la nueva generación de líderes latinoamericanos que buscan redefinir el futuro energético y democrático de la región, el nombre de Sandro Néstor Condía Pérez empieza a resonar con creciente fuerza en círculos estratégicos. 

En un mundo donde los grandes cambios empiezan desde lo local, el recorrido de Sandro Néstor Condía Pérez refleja una tendencia que cada vez gana más fuerza en los círculos de influencia global: líderes territoriales que evolucionan hacia voces relevantes en sostenibilidad, transición energética y gobernanza democrática.

Formado en administración pública y con especialización en gerencia territorial, Condía construyó su base política en Sogamoso, una ciudad clave en el corredor energético e industrial del centro-oriente colombiano. Allí, su paso por la alcaldía (2016–2019) lo situó en el centro de decisiones complejas sobre gestión ambiental, articulación regional y uso estratégico de recursos, experiencias que hoy alimentan su visión sobre desarrollo sostenible.

Pero es fuera del cargo donde su perfil comienza a redefinirse. En un contexto global marcado por la urgencia climática y la necesidad de fortalecer las democracias locales, Condía ha orientado su discurso hacia la convergencia entre energías renovables, sostenibilidad territorial y gobernanza institucional. Su vínculo con la Universidad Externado de Colombia ha sido clave en este proceso, permitiéndole transitar del ejercicio político a la reflexión estratégica, con énfasis en regulación económica, recursos naturales y modelos de desarrollo resilientes.

Su propuesta se alinea con una narrativa cada vez más presente en foros internacionales: la transición energética no es solo un desafío tecnológico, sino profundamente político. 

Más que un técnico tradicional o un político convencional, su perfil combina ambos mundos. Esa dualidad —gestor público con enfoque analítico— es precisamente la que hoy demandan los espacios internacionales donde se cruzan política, economía y medio ambiente.

Aún en fase de consolidación en el escenario global, Condía representa una nueva generación de líderes latinoamericanos que entienden que la influencia ya no depende exclusivamente de los grandes centros de poder, sino de la capacidad de conectar realidades locales con desafíos globales.

En esa intersección —entre territorio, sostenibilidad y democracia— se está construyendo su narrativa. Y, como ocurre con muchos perfiles emergentes, el verdadero alcance de su influencia dependerá de su capacidad para traducir esa visión en impacto tangible dentro y fuera de Colombia.

“La formación académica en los líderes globales se ha convertido en un pilar decisivo para orientar la reconversión energética y el desarrollo sostenible en un escenario de creciente complejidad ambiental y tecnológica. No se trata únicamente de acumular credenciales, sino de incorporar marcos de pensamiento capaces de articular ciencia, economía, regulación y justicia social en decisiones públicas de largo alcance” manifiesta el ex alcalde y hoy experto en sostenibilidad ambiental.

En la transición hacia modelos energéticos más limpios y eficientes, el conocimiento especializado permite evaluar con rigor las tensiones entre seguridad energética, competitividad y reducción de emisiones, evitando respuestas improvisadas o meramente ideológicas. Al mismo tiempo, una formación sólida fortalece la capacidad de diálogo con comunidades, organismos multilaterales y sectores productivos, haciendo posible una gobernanza más coherente frente a desafíos como el cambio climático, la gestión de recursos y la innovación tecnológica. 

La entrevista con Sandro Condìa avanza y la ciudad se vuelve un inventario de procesos: auditorías, contratos, advertencias de la Procuraduría. Un contrato de 36 mil millones. Una empresa creada para ejecutar obras públicas. Una fundación con capital mínimo que promete millones. Todo suena a una arquitectura de cifras que no terminan de sostener lo que prometen.

En su relato, la corrupción no siempre aparece como delito explícito, sino como desajuste estructural: una distancia entre lo que se firma y lo que realmente existe.

Pero el verdadero giro del relato ocurre cuando aparece una palabra distinta: Ciudad Luz. No es solo un proyecto de alumbrado público. En su reconstrucción, es un modelo de ciudad. O una disputa sobre quién administra la luz. Condía lo describe como un esquema donde el 46% queda en manos de empresarios que sacrifican las finanzas de la ciudad. No sabe —o dice no saber— quiénes son esos privados. No sabe el origen del capital. Lo dice sin dramatismo, como si la opacidad fuera un rasgo técnico más del sistema.

Y sin embargo, en esa opacidad aparece una idea persistente: la ciudad como negocio fragmentado.

“Se ha convertido cada servicio público en un negocio”, dice. Y en esa frase hay algo que excede la denuncia: hay una forma de comprensión del Estado contemporáneo.

El alumbrado público, los impuestos, los recibos de los ciudadanos. Todo aparece cuantificado, distribuido, cobrado. Incluso el acto cotidiano de consumir electricidad se convierte en un argumento político.

El mundo, de pronto, se abre como comparación.

Allí, en Europa, la basura se convierte en electricidad. Aquí, en Colombia, se entierra. Esa oposición simple organiza buena parte de su pensamiento técnico: aprovechar versus enterrar, eficiencia versus desperdicio, política versus inercia.

Pero incluso esa dicotomía se quiebra cuando entra la tarifa.

“Pagamos lo mismo por enterrar que por aprovechar”, dice. Y en esa frase aparece la lógica más profunda de su discurso: la economía como forma de injusticia estructural.

La crónica se desplaza entonces hacia otra escala: la energía.

Sandro Condía habla de transición energética, de gas, de carbón, de hidroeléctricas. Habla de Europa como advertencia histórica: un continente que creyó poder abandonar demasiado rápido sus fuentes tradicionales y terminó reactivándolas bajo presión geopolítica.

La guerra en Ucrania aparece como argumento técnico dentro de una conversación local sobre tarifas. La geopolítica entra por la puerta de la administración municipal.

Y en ese punto, el relato deja de ser local.

La política colombiana, en su voz, es siempre una versión reducida de una discusión global.

Pero hay un momento en que la entrevista deja de ser técnica.

Cuando se le pregunta por la vida personal, la estructura se rompe ligeramente. El lenguaje se desacelera. Aparecen los hijos, los años de matrimonio, los espacios que se perdieron.

“Uno no es una máquina”, dice.

La frase no es nueva, pero en su contexto adquiere otra densidad. Después de horas hablando de contratos, empresas, auditorías, la afirmación de humanidad suena casi como una interrupción tardía del sistema.

Dice que descuidó a su familia porque la política entró en su casa sin permiso. Agregando además entre el encuentro de sentimientos  que los enemigos políticos también habitan lo íntimo, también tocan la familia.

Y entonces aparece la imagen final: un hogar que se construyó lentamente, en un apartamento pequeño, entre arriendos, estudios, trabajo, hijos. Una biografía que no se diferencia demasiado de miles de biografías en cualquier ciudad intermedia del país. Pero en su caso, esa biografía quedó expuesta al ritmo de la administración pública.

Despues llegamos al caso conocido como “Las Marionetas”, el nombre de Sandro Condía aparece únicamente en referencias indirectas derivadas de interceptaciones y declaraciones de terceros dentro de la investigación, sin que exista hasta la fecha imputación de cargos, acusación formal o condena judicial en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación; su mención se ha producido en el plano periodístico e investigativo, principalmente a partir de conversaciones atribuidas a la lobista Lorena Cañón y otros actores del expediente, pero no ha sido incorporado como integrante probado de la red de corrupción ni vinculado jurídicamente a contratos, flujos de dinero o determinación de delitos dentro del proceso, lo que lo ubica en la esfera de la controversia mediática y política más que en la responsabilidad penal comprobada. 

Fue en el año 2022, cuando su nombre apareció indirectamente asociado al caso conocido como “Las Marionetas”, una de las investigaciones de corrupción de mayor impacto en Colombia en los últimos años, vinculada al fallecido senador Mario Castaño en la Revista Semana donde además existen declaraciones de testigos dentro de expedientes periodísticos y judiciales, en las cuales aparece mencionada la madre del expresidente colombiano Iván Duque Márquez, Juliana Márquez Tono.  

Condía sostiene que su inclusión en ese informe periodístico de Semana es producto de una lectura errónea de comunicaciones indirectas y de su relación política circunstancial con actores del entorno liberal durante su aspiración al Congreso, solicitó una rectificaciòn que nunca tuvo respuesta por parte del medio que dirige la lìder polìtica de derecha Vicky Davila.

En su versión, su participación en el debate político nacional fue legítima, institucional y sin vínculos con las estructuras investigadas. En las elecciones legislativas de 2022, Castaño ya era una figura consolidada en el Senado, con capacidad de movilización regional y era apenas natural que buscara a un líder en Boyacà como Sandro Condia ex alcalde de una importante ciudad del departamento. 

La historia de Sandro Condia no comienza en los salones del poder, sino en una vereda rural de Boyacá. Hijo de un sastre y de una madre dedicada al hogar, formado en la escuela pública y forjado en el trabajo desde la adolescencia, Condía representó para sus electores de la ciudad del sol un tipo de liderazgo social, ambiental e independiente, el del dirigente comunal que asciende desde la organización barrial hasta la convertirse en alcalde con reconocimiento internacional como se hizo notar en la Cumbre Mundial de Gobernabilidad y Democracia ODM en la ciudad de Pereira.

Antes de llegar a la política electoral, trabajó como técnico en minería, experiencia que no sólo moldeó su visión del desarrollo económico regional, sino que lo conectó con uno de los sectores estructurales de la economía boyacense. Más tarde, desde la Acción Comunal, inició un recorrido político que lo llevaría al Concejo Municipal y, finalmente, a la alcaldía de Sogamoso en el año  2015.

En un país donde las carreras políticas suelen estar mediadas por estructuras partidistas consolidadas, su ascenso fue, en términos estrictamente electorales, atípico: sin grandes maquinarias visibles en sus primeras campañas, logró consolidar apoyo popular en una ciudad estratégica del centro oriente colombiano después de liderar un proceso socio ambiental relevante para mejorar la calidad del aire en el valle de Sogamoso con cientos de alfareros.

Cuando Gabriel García Márquez recorrió Belencito en su etapa de reportero en El Espectador, a mediados del siglo XX, encontró allí uno de los símbolos más ambiciosos del proyecto del desarrollo colombiano: Acerías Paz del Río.

Setenta años después, ese mismo territorio permite una lectura más amplia y menos celebratoria. Aunque la empresa llegó a producir cientos de miles de toneladas de acero en sus mejores décadas, el modelo industrial no logró modificar de forma estructural las condiciones sociales de la región. La industrialización coexistió con desigualdades persistentes, economías rurales debilitadas y una urbanización incompleta que más adelante agudizó Holcim y Argos.

En términos históricos, lo que se planteó en los años cincuenta como un salto hacia la modernidad industrial no logró resolver la pregunta de fondo: quién paga el precio del progreso y quién se beneficia de él. Hoy, en un contexto de transición energética global y mayor conciencia ambiental, esa pregunta vuelve con más relevancia.

Sandro Condía, exalcalde de Sogamoso, consolidó su trayectoria política desde la acción comunal hasta la administración municipal, donde impulsó decisiones sobre ordenamiento territorial y gestión ambiental que lo enfrentaron a distintos intereses regionales; posteriormente, hoy podemos decir que su nombre fue mencionado de forma indirecta en algunas referencias periodísticas asociadas al caso “Las Marionetas”, sin que exista imputación de cargos, investigación formal en su contra ni decisión judicial que lo vincule al proceso, por lo que dichas alusiones carecen de soporte jurídico y no constituyen evidencia de responsabilidad penal, permaneciendo su situación en el plano exclusivamente mediático escándalo de corrupciòn que relaciona a Juliana Márquez Tono un nombre intocable en los grupos económicos y mediáticos colombianos.  

Su administración estuvo marcada por una constante: la tensión entre la gobernabilidad local y los intereses regionales en torno a la gestión de residuos y el desarrollo urbano. La prioridad de Sandro siempre fue el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad en una ciudad que ha sido explotada por grandes multinacionales recibiendo muy poco o nada a cambio en materia de responsabilidad social empresarial.

Sogamoso, que opera como centro receptor de residuos de más de 40 municipios, enfrenta uno de los problemas ambientales más sensibles de la región. En ese contexto, la administración de Condía impulsó una revisión del modelo de disposición final de basuras, cuestionando la dependencia estructural del enterramiento como solución dominante.

Desde su perspectiva, esta práctica —altamente rentable para ciertos operadores— es ambientalmente insostenible a largo plazo. Esa postura lo llevó a adoptar decisiones que, aunque defendidas como medidas técnicas y de protección ambiental, generaron fuertes tensiones institucionales con el gobierno departamental de Carlos Amaya.

En aquel tiempo el ex alcalde de Sogamoso Sandro Condía fue objeto de sanciones administrativas en primera instancia por parte de organismos de control, posteriormente revisadas en distintas etapas jurídicas. También enfrentó un proceso de revocatoria y una suspensión temporal en un contexto electoral particularmente sensible, una persecución política con fines electorales.

El caso también abre una discusión más amplia sobre el papel del periodismo de investigación en contextos judiciales abiertos.

En Colombia, como en otros países de la región, las filtraciones de expedientes y las interceptaciones telefónicas han adquirido un peso considerable en la construcción de opinión pública, a veces antes de que existan decisiones judiciales de fondo. Pero hay que decirlo de frente: la revista Semana no tiene la última palabra, por el contrario su confianza y credibilidad hoy vale lo mismo que la campaña presidencial de Vicky Davila. 

El problema no es la investigación periodística en sí misma —fundamental en cualquier democracia— sino la velocidad con la que el señalamiento público puede convertirse en sentencia social. También la forma como la estrategia de comunicación protege la oligarquía y el poder buscando que la atención se centre en personas inocentes y líderes comunitarios que no tienen relación con un caso tan complejo. 

En este punto, el caso de Sandro Condía evidencia una tensión estructural entre la exposición mediática y la resolución jurídica, en la que menciones difundidas por medios de comunicación a partir de investigaciones en curso pueden producir efectos reputacionales significativos sin que exista una decisión judicial de fondo. 

En ese contexto, la revista Semana ha sido señalada por la publicación de información derivada de interceptaciones y expedientes aún abiertos, así como por la ausencia de respuesta oportuna a solicitudes de rectificación, lo que ha reavivado el debate sobre los estándares de verificación y contraste en el periodismo de investigación en Colombia frente a la presunción de inocencia y la necesidad de sustento judicial en las afirmaciones de carácter acusatorio. 

Más allá de la controversia nacional, su gestión como alcalde de Sogamoso dejó una huella importante en la ciudad. Por un lado, la inversión en infraestructura vial, proyectos educativos, fortalecimiento de espacios culturales y una reestructuración administrativa orientada a la eficiencia del gasto público.

En ese sentido, su historia no es solo la de un individuo, sino la de un sistema político donde las fronteras entre justicia, medios y competencia electoral son cada vez más difusas. En sus propias palabras, su convicción permanece intacta:

“Gobernar es resolver problemas, no alimentar estructuras de poder.”

Su historia no comienza en los grandes centros de poder, sino en Sogamoso, un territorio históricamente vinculado al desarrollo energético de Colombia. Desde allí, construyó una carrera pública que lo llevó a la alcaldía, enfrentando decisiones complejas en materia ambiental, gestión de recursos y articulación regional—experiencias que hoy nutren su visión sobre el futuro de la energía y el desarrollo.

Pero lo que distingue a Condía no es únicamente su trayectoria política, sino su capacidad de reinterpretarla en clave global. En un momento en que la transición energética redefine economías enteras, ha orientado su perfil hacia la comprensión de este fenómeno como un desafío integral: técnico, institucional y profundamente democrático.

Su paso por espacios académicos vinculados a la Universidad Externado de Colombia ha fortalecido esta visión, permitiéndole integrarse en conversaciones donde convergen regulación, sostenibilidad y gobernanza. Allí, su perfil ha evolucionado hacia el de un analista con capacidad de traducir la complejidad territorial en propuestas estratégicas.

Esa combinación—experiencia en gestión pública y construcción intelectual—le ha permitido ganar terreno en escenarios de diálogo cada vez más amplios. En foros especializados, encuentros académicos y espacios de discusión sobre democracia y sostenibilidad, su voz ha comenzado a posicionarse como parte de una corriente que impulsa soluciones desde los territorios hacia la agenda global.

Su enfoque ha sido construir credibilidad en torno a una idea clave: la transición energética en países como Colombia solo será viable si se articula con instituciones sólidas, participación ciudadana y una visión de desarrollo inclusivo. Esta perspectiva lo ubica dentro de una corriente emergente de líderes que entienden la energía no sólo como infraestructura, sino como un eje de transformación social.

Hoy, Condía se perfila como un líder en proyección internacional, con capacidad de incidir en conversaciones donde la sostenibilidad, la democracia y el desarrollo económico convergen. Su creciente reconocimiento en círculos académicos y técnicos refleja una construcción de influencia que, aunque aún en expansión, se alinea con las tendencias que definirán la próxima década.

En un mundo donde el liderazgo ya no se mide únicamente por el poder que se ejerce, sino por la capacidad de anticipar y conectar grandes transformaciones, su trayectoria sugiere una apuesta clara: convertir la experiencia local en una plataforma de impacto global.

En un contexto donde países como Colombia, Chile o Brasil buscan equilibrar la explotación de recursos naturales con compromisos climáticos internacionales, la formación académica no es un adorno intelectual, sino una herramienta que incide directamente en la capacidad de diseñar políticas coherentes, anticipar impactos y sostener consensos técnicos frente a presiones económicas y sociales.

En América Latina la transición energética no ha sido un proceso homogéneo, pero sí ha estado marcada por algunos países que han tomado la delantera y por la influencia de expertos que han contribuido a orientar el debate técnico y regulatorio. Brasil y Chile suelen aparecer como referentes regionales: el primero por la escala de su matriz hidroeléctrica y el desarrollo de biocombustibles, y el segundo por la expansión acelerada de la energía solar en el desierto de Atacama y una planificación energética más estable en el tiempo. 

Uruguay y Costa Rica también son citados con frecuencia por su alta participación de energías renovables, especialmente hidroeléctricas y eólicas, mientras que Colombia y México avanzan en procesos de diversificación con distintos niveles de complejidad institucional. 

En este campo han sido influyentes voces como el economista Andrés Rebolledo, ex secretario ejecutivo de la OLADE, el especialista Daniel Nussbaum, consultor en políticas energéticas en la región, y la investigadora Carolina Monroy, quienes han insistido en que la transición no es solo tecnológica, sino también regulatoria y social, y depende de la capacidad de los Estados para integrar inversión, justicia energética y planificación de largo plazo.